Desde hace algunos meses el Gobierno del Estado de Tlaxcala, género un decreto para la supuesta protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, sin embargo esta acción unilateral fue muy cuestionada por todos los sectores, sobre todo porque fue proyecto sin consenso y a modo; actualmente ya se realizan actividades en torno a crear una Ley de protección a defensores(as) de derechos humanos y periodistas, incluso a través de la Secretaría de Gobierno se abrió la convocatoria para recibir propuestas del 25 de abril al 6 de mayo del presente año, los distintos sectores de la población tuvimos la oportunidad de enviar nuestros puntos de vista y una propuesta de que debe incluir dicha ley y cuál sería el mecanismo de protección a utilizarse.

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En México y en las entidades federativas como eje primordial de la democracia desde hace muchos años existen tres niveles de gobierno, y en teoría existe la separación de poderes de cada uno de los estados y de la Ciudad de México, el surgimiento de estos gobiernos y de las instituciones públicas fue con la firme intención de trabajar socialmente en favor de las comunidades y de sus habitantes, con espíritu de servicio y con el fin de auspiciar una buena, justa y productiva gobernanza en todo el país, a través de cada uno de los estados, en los municipios y en cada una de las comunidades y/o delegaciones; sin embargo algunos representantes y gobernantes, realizan actividades maquiavélicas, con dolo y mala fe, que les ha permitido seguir enquistados en las entrañas del poder público por muchas generaciones, con el objetivo de enriquecerse a manos llenas con los recursos públicos que debieran ser destinados para la obra pública, para mejorar sustancialmente los servicios públicos, y para ejercer programas que permitan el pleno desarrollo social y económico de las y los habitantes.

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El día primero de septiembre del año 2021 la C. Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala, en su toma de protesta juramento respetar, cumplir y hacer cumplir las leyes federales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y las leyes que de ella emanan; sin embargo durante siete meses la señora Gobernadora, sus secretarios y los 60 presidentes municipales han venido violentando leyes federales, estatales y municipales, en agravio de la ciudadanía en general.

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Hace algunos años el organismo intergubernamental denominado Amnistía Internacional, reconoció que en México el problema no era de leyes, sino más bien de injusticias provocadas por la falta de aplicación estricta y rigurosa de las leyes; es un sistema donde la aplicación de la ley no es ley. Donde no hay igualdad, ni equidad. Donde hay justicia, pero solo para algunos. Entendamos algo que es clave: un país sin ley es un país sin justicia, un presidente que no respeta la ley nunca será un buen líder.

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Un juicio político es un proceso judicial que se lleva a cabo para determinar la responsabilidad de ciertos funcionarios públicos en diferentes hechos o situaciones; lo usual es que el juicio político sea un proceso de una sola instancia y sumario impulsado por un órgano legislativo. Los imputados son servidores públicos de alta jerarquía que, de ser encontrados culpables, son destituidos e inhabilitados para volver a asumir el cargo.

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Este viernes 10 de diciembre del presente año se cumple el 73 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una vez que en el año 1948 fue proclamada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). En México, fue hasta 1992 cuando la protección y defensa de los derechos humanos fue elevada a rango constitucional.

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Desde hace décadas en todo el país y en Tlaxcala existen hombres, mujeres, niños y niñas, que padecen las llamadas enfermedades degenerativas, y sufren a diario las 24 horas terribles consecuencias pues sus tratamientos son dolorosos y solo controlan pues no curan la enfermedad; nos referimos  al cáncer, a la diabetes, a la hipertensión arterial, y a los enfermos renales, todos ellos se encuentran en el más completo estado de indefensión, lo grave de todo esto es que además no cuentan con oportunidades laborales que les generen ingresos para la sobrevivencia de ellos y de sus familiares, aún así, tienen que ver cómo costear los traslados de sus domicilios a los centros de salud y/o hospitales  para ser atendidos con sus tratamientos respectivos, tampoco cuentan con servicio de ambulancia, ni con los recursos suficientes para sufragar los gastos de traslados cada tercer día que son decenas de kilómetros.

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A tres años de que haya elecciones para renovar la presidencia de la república, el senado de la república, la cámara de diputados, los congresos estatales, las presidencias municipales, los concejos municipales y las presidencias de comunidad, eventos tan importantes a nivel mundial, ya muchos y muchas están realizando actividades de precampaña a través de la constante difusión de sus actividades como servidores públicos y hasta con la difusión de críticas en contra de sus adversarios políticos con tal de hacerse notar.

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Es del dominio público que en todos los países del mundo existen grupos de ciudadanos organizados en Asociaciones Civiles, que en su tiempo libre realizan actividades colectivas del bien común, con tal de ir aportando su fuerza de trabajo para resolver la problemática social; mientras que en Estados Unidos y otros países existen miles y sus gobiernos las estimulan en sus actividades filantrópicas, en México por todos los medios posibles las aniquilan, durante muchos años ¿Qué hemos solicitado? Respeto a nuestra autonomía e independencia, que los bienes de la nación sean proporcionados a estos grupos de ciudadanos(as) para que puedan continuar realizando sus actividades sociales no lucrativas en beneficio de los sectores vulnerables, también se ha solicitado el aporte gubernamental sin ningún condicionamiento de recursos públicos para proveerse de  los medios necesarios que todo proyecto debe de contar, sin embargo formulan leyes caprichosas y con sesgos ideológicos como lo es la Ley Que Regula el Otorgamiento de Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales del estado de Tlaxcala, misma que en el Capítulo I, Artículo 1,  indica que los apoyos se otorgarán en base a la disponibilidad presupuestal y a discreción del ejecutivo, por lo mismo, cuando no existe voluntad política del Titular del Poder Ejecutivo, tampoco hay disponibilidad presupuestal para dar cumplimiento a esta ley en mención, en ausencia de su aplicación varias Asociaciones Civiles tienen proyectos de diversos temas y desconocen dónde o con quienes se deben presentar ante los sistemáticos cambios en las prácticas gubernamentales.

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