Por décadas los ciudadanos(as) mexicanos hemos luchado por preservar intacta la Constitución Política de 1917 sin embargo este sagrado documento ha sufrido más de 80 modificaciones beneficiando una vez más a la oligarquía mundial y nacional, en los últimos doce años durante las 24 horas de los 365 días de cada año se han violentado flagrantemente por los tres niveles de gobierno los derechos de petición, de acceso a la justicia, de libertad, de seguridad, de audiencia, de manifestación, de libre expresión, de libre tránsito, y de asociación, derechos que las y los mexicanos debieran tener garantizados por el estado, sin embargo un grupo de fanáticos incrustados en el poder público durante estos 24 meses por todos los medios están intentando desestabilizar a nuestras instituciones públicas y a nuestra constitución con el argumento tan trillado de que los ciudadanos abusamos de nuestras libertades, ayer desde una supuesta oposición dijeron porque así les convenía a sus intereses ilegítimos que las redes sociales eran una excelente forma de informar y manifestar la expresión de sus ideas, ahora argumentan desde el poder público que este tipo de canales de información deben ser modificados, controlados y censurados porque según el gobierno hay excesos en las formas de expresión, utilizando para someter estas redes de información palabras temerarias hacia los que las dirigen, y hasta en contra de los ciudadanos que disentimos en sus formas y mecanismos de gobernar a través de dichas redes y de diversos medios de comunicación que de forma independiente difunden nuestra libertad de expresión.

 

Lejos de estar censurando, soslayando y amenazando desde el poder público, el gobierno tanto federal como estatal deberían de otorgar decenas de concesiones de prensa, radio y televisión a los ciudadanos(as) de pensamiento libre de todo el país, y el gobierno debería analizar su ilegal proceder que perjudica a más de 120 millones de mexicanos(as), por este medio les recordamos una vez más a los tres niveles de gobierno que durante los años 2019 y 2020 nunca se proyectó la obra pública y sometida a concurso, son casi siete billones de pesos los que en cada año fiscal se designaron por parte de la Cámara de Diputados para la preservación y mejoramiento de los servicios públicos y para la ejecución de obra pública, sin contar con los ahorros por un supuesto combate a la corrupción ya que se combate únicamente a la corrupción externa, pero no a la de sus incondicionales y a su servicio.

 

Continúan los retenes anticonstitucionales y a través de estos, se atenta flagrantemente contra el derecho de la libertad de tránsito y en contra de nuestras garantías constitucionales, pues los retenes y operativos están integrados por una treintena de elementos tanto de la guardia nacional, como de la política estatal y municipal, quienes detienen a un sin número de personas en cada acto ilegal de esta naturaleza, y no solo los detienen para violentar sus derechos constitucionales, sino también para sobornarlos y atracarlos con la complicidad de Jueces Municipales y de los Agentes del Ministerio Público, tal como sucede en los 60 municipios del estado de Tlaxcala, donde sobresale y se lleva el primer lugar el municipio de Apizaco; le recordamos al gobierno en sus tres niveles que las camionetas y autos de particulares son parte del domicilio de quien las posee, y solo con una orden fundada y motivada de un Juez, podrán pedir revisar el interior de estos automotores, pero actualmente sin mediar ninguna orden judicial y amenazando con armas de alto poder exigen a los ciudadanos(as) detenerse y bajarse de sus vehículos para ser interrogados hasta por dos horas y revisar su vehículo totalmente por dentro y por fuera, incluso les exigen abrir la cajuela, y muchas otras veces hasta los despojan de sus vehículos injustamente, y a los ciudadanos los ponen a disposición del Juez municipal y/o ante el Ministerios Público, quedando detenidos por muchas horas pues les imponen faltas administrativas y el pago de multas estratosféricas a cambo de su libertad (negocio redondo);  entonces nos queda claro que con estas acciones de los elementos que componen los operativos y retenes, y de la guardia nacional que termina a las órdenes del gobierno estatal y municipal, se violenta flagrantemente el derecho a la libre circulación, y los derechos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de nuestra carta magna, que a la letra dicen: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de  los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y en las condiciones que esta constitución establece.  Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.      

 

 

C. Isidro Sánchez Piedra,

 

Defensor de Derechos Humanos