Por décadas como parte de nuestras actividades altruistas está el de  monitorear las 24 horas de los 365 días de cada año los proyectos y actividades en materia de Procuración e Impartición  de Justicia, y es lamentable para el pueblo de Tlaxcala que este derecho este siendo soslayado por dos instituciones encargadas de garantizar nuestros derechos constitucionales para alcanzar la justicia plena; nos referimos a la Procuraduría General de Justicia en el estado de Tlaxcala, así como al Tribunal Superior de Justicia, pues en ambos organismos hemos observado que a pesar de contar con un ejércitos completos de hombres y mujeres desde el que vigila la entrada a las instalaciones, el personal administrativo, el personal de intendencia, y todo el personal al servicio de las agencias del ministerios público y de los juzgados, así como los titulares de los dos organismos, la procuración e impartición de justicia es una utopía, a consecuencia de que sus resultados nunca han sido medibles ni monitoreados por el Titular del Poder Ejecutivo estatal, ni por gobierno alguno, en consecuencia existe un alto grado de burocracia, de ineptitud y de falta de profesionalismo e indolencia, en estos dos organismos.

 

En la Procuraduría General de Justicia, existe un total desastre antes y después de la pandemia, donde el responsable directo que es el procurador, ni procura ni imparte justicia, solo se dedica a ser un ente recaudador en especie y en lo económico, pues con el implemento de los operativos y retenes anticonstitucionales más que beneficiar a la población se les vulneran sus derechos, pues a través de estos operativos obstruyen la libre circulación de los ciudadanos que se trasladan en sus vehículos de un lugar a otro, detienen por muchas horas a los ciudadanos en sus automotores sin ninguna justificación y si los poseedores o dueños de los automotores no comprueban a plenitud su legal posesión y/o propiedad, en ese momento les aseguran sus vehículos e incluso los ciudadanos son detenidos y remitidos al Ministerio Público por supuesto robo de vehículo, aun sin existir ningún reporte de robo respecto a las características del vehículo asegurado, y cuando le va bien al ciudadano después de varias horas de estar detenido lo liberan no sin antes pagar una multa estratosférica, pero su vehículo queda a resguardo de la autoridad    por meses o por años sin ninguna justificación, y cuando después de tanta tramitología gubernamental los poseedores y dueños de automotores comprueban su legal posesión o propiedad, para devolverles los automóviles les imponen el pago de muchos miles de pesos por concepto de arrastre de grúa que las mismas autoridades contratan y el derecho de piso de muchos meses en que el vehículo estuvo  depositado en los patios de las instalaciones  públicas, por la autoridad;

 

Es urgente y necesario practicar una auditoria administrativa y fiscal de estos dos organismos, en el caso concreto del Poder Judicial estatal, ya que se dijo en el pasado que con unas buenas instalaciones equipadas y con tecnología de punta darían mejores resultados, sin embargo la alta y aguda burocracia, y la lentitud excesiva en cada uno de los casos legales que ahí se manejan es totalmente reprobable pues cada escritorio maneja cientos de expedientes y muchos ya tienen hasta diez años sin resolverse, a los jueces nunca se les puede ver, los secretarios de los juzgados delegan facultades ante el personal administrativo y este por carecer de conocimientos y convicción de servicio hacen lo que se les viene en gana, e incluso a las partes involucradas en los asuntos ahí radicados, les exigen para cumplir con las diligencias y demás obligaciones medios de movilización y si el día señalado no llevan el vehículo solicitado para su movilización les reagendan la diligencia para muchos meses después argumentando cúmulo de trabajo.

 

Por este medio muy respetuosamente se le solicita al C. Gobernador del Estado de Tlaxcala, Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, ordene la práctica de una auditoría externa tanto administrativa como  fiscal, tanto a la Procuraduría General de Justicia del Estado, como al Tribunal Superior de Justicia, de los últimos cuatro años, se proceda al deslinde de responsabilidades y a la aplicación estricta de la ley. Esto nos permitirá medir la productividad que se ha generado en cada una de las áreas y visualizar cuales son los servidores públicos que han estado cumpliendo con su encomienda y quienes simplemente han estado cobrando sin devengar su salario, en perjuicio de la sociedad en general; pero también en términos económicos sabremos en que área y que servidor público ha fomentado la corrupción y donde se han aplicado los recursos públicos que se han etiquetado cada año para la procuración e impartición de justicia; pues antes de la pandemia se les podía observar cada semana dos o tres horas, y en diez meses de pandemia solo tres horas a la semana le destinan al ejercicio de sus funciones, por lo tanto no hay productividad.

 

Isidro Sánchez Piedra,

 

 Defensor de Derechos Humanos