Desde hace muchos años miles de hombres y mujeres de diversos municipios del estado preocupados y ocupados por la problemática grave tanto en lo económico, como en lo social, cultural y político, decidieron organizarse a través de asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas y grupos comunitarios son registro, con tal de ser partícipes y coadyuvantes ante los tres niveles de gobierno y sector privado, incidiendo a través de sus actividades en temas de Protección al Ambiente y Fauna, otros, en Fomentar el aspecto cultural y artesanal, así también los que se dedican a generar oportunidades y apoyos educativos, de salud y de vivienda, e incluso los que se dedican a la cultura y defensa de los derechos humanos en general, de las mujeres, de los grupos indígenas, del sector campesino, de los emprendedores; otros se han dedicado a la investigación y el monitoreo del ejercicio público de los tres niveles de gobierno, resultando ser una gran cobertura de actividades que aterrizan en beneficio de todo el estado; es obvio que aunque el gobierno no lo reconozca ni apoye, este tipo de organizaciones y grupos aportan el 3% del producto interno bruto a través de su trabajo social no remunerado y al hacer llegar recursos públicos del gobierno federal y de organismos intergubernamentales del exterior a través de proyectos de impacto, por lo mismo han contribuido al engrandecimiento del país y de nuestro estado, siendo un sector de la sociedad civil tan importante como cualquier otro, sin embargo a falta de una infraestructura adecuada y con tecnología de punta y la obtención de recursos públicos para su desarrollo institucional y mejoramiento a terceros a nivel federal. existe la Ley Federal de Fomento a las Actividades que Realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil, y estas con el ánimo de obtener los beneficios y programas destinados para la operación de dicha ley han obtenido desde hace muchos años el registro federal denominado CLUNI pero la gran mayoría de organizaciones a pesar de contar con dicho registro nunca han obtenido algún beneficio directo ni indirecto del gobierno federal; y en Tlaxcala desde el año 2003 contamos con la Ley Que Regula el Otorgamiento de Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales del estado de Tlaxcala, ordenamiento jurídico que solo operó un par de años bajo la discrecionalidad del Titular del Poder Ejecutivo del estado, pero después dejo de ser del interés de los gobiernos el fomentar y apoyar a las organizaciones por no tener la capacidad de controlar y cooptar a integrantes y dirigentes, pretendiendo fueran entes subordinados del gobierno en turno sin la garantía de apoyo de ninguna índole.

 

Actualmente, ¿Cuáles son los retos y dificultades? Indudablemente el principal reto es conservar la independencia y autonomía, pero a la vez lograr obtener la infraestructura necesaria que nos permita mejorar nuestras condiciones de atención a la población más vulnerable y continuar ejerciendo nuestras actividades sociales que se traducen en mejores condiciones para los habitantes de nuestro estado. Otro reto es lograr incidir en las políticas públicas de los tres niveles de gobierno pero para eso es necesario de nueva cuenta aplicar la Ley Que Regula el Otorgamiento de Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales del estado de Tlaxcala, e instituir el Consejo Estatal de Organizaciones Sociales, que nos permitirá interactuar a las organizaciones con las distintas dependencias de la administración pública estatal y con los 6o ayuntamientos. Ahora bien cuando nos referimos a las dificultades estamos visualizando quien de los aspirantes a la gubernatura del estado de Tlaxcala, con posibilidades de ganar la elección, tiene la voluntad y la capacidad para generar una mesa de diálogo con los distintos liderazgos del sector social y asumir compromisos que estarán vigentes en el próximo sexenio, quien tenga claro el papel fundamental que realizan las organizaciones sociales de Tlaxcala, mismas que no pretendemos ser una carga para el erario público, sino más bien una aportación de nuestros conocimientos, experiencia y fuerza de trabajo en beneficio de nuestro estado, coadyuvando a generar productividad y desarrollo en las comunidades y municipios, a través de la ejecución de proyectos de impacto e innovadores que fomenten la económica familiar y el autoempleo. Y es el Consejo Estatal de Organizaciones el organismo legal que le permitirá al gobierno y a las organizaciones tener un control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos asignados a este sector.

 

Incluso este sector ha sido excluido de participar como precandidatos(as) de los partidos políticos a sabiendas que se cuenta con liderazgo y con el conocimiento pleno de lo que es la función pública,  casi todos  estos institutos ni los ven ni los oyen a este sector, observen e investiguen ustedes cuántos precandidatos(as) de las organizaciones sociales independientes han estado considerando para ser registrados en tiempo y forma en los distintos cargos de elección popular. Asimismo no han sido capaces de mantener permanentemente activas las escuelas de cuadros que les permitan brindar conocimientos de la administración pública estatal y municipal, y preparar a las y a los ciudadanos para participar como candidatos(as).

 

 

 

  1. Isidro Sánchez Piedra,

 

                                          Defensor de Derechos Humanos                         

 

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