Desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los ciudadanos, los antecedentes más lejanos de la CNDH se encuentran en el siglo XIX: fue promovida en 1847 en San Luis Potosí por el entonces diputado Ponciano Arriaga. Pero no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX, y como consecuencia de una enfática demanda social en el ámbito nacional y de las transformaciones en la esfera internacional, que comienzan a surgir diversos órganos públicos que tienen como finalidad proteger los derechos de los gobernados frente al poder público. Los antecedentes directos de la CNDH, los encontramos en la Dirección General de Derechos humanos creada el 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación; un año más tarde, el 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial la institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un Organismo desconcentrado de dicha Secretaría.

 

Es importante recordar que la protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, el 13 de septiembre de 1999, se reformó el artículo 102, apartado B constitucional, donde se señala que la CNDH cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios.

 

Sin embargo, a casi tres años del gobierno representado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, se marcó un antes y un después, en esta institución que debiera ser garante de la defensa de los Derechos Humanos, donde por designación se nombró a la que actualmente es presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mtra. María del Rosario Piedra Ibarra, es obvio que estas dos personas no entienden en lo absoluto la filosofía de  los derechos humanos y tampoco el estado puede ser juez y parte; la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus 32 filiales toda su vida se han dedicado a servir a los gobiernos en turno realizando convenios con grupos afines al mismo gobierno, sin ocuparse por generar la productividad que siempre ha sido nula, pues en lugar de representar y defender los derechos humanos de las y los mexicanos, se han dedicado a realizar actos protocolarios y de relumbrón, pero en los hechos no producen la efectiva defensa de los derechos humanos. Por estos acontecimientos y prácticas gubernamentales, la lucha milenaria de hombres y mujeres en todo el país ha sido la de pugnar por un organismo popular del pueblo y para el pueblo, compuesto en su totalidad por grupos de la sociedad civil representativos que conozcan, entiendan y ejerciten la filosofía de los derechos humanos marcada desde Ginebra, Suiza, pues a nivel mundial a través del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se podrá incidir con seriedad, con responsabilidad, con certeza, con legalidad y con convicción de servicio la auténtica defensa de los derechos humanos.

 

Pues a treinta años de la constitución formal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México no se ha garantizado la defensa efectiva de los Derechos Humanos de las y los mexicanos; ya que esta institución supuestamente autónoma, ha venido siendo conformada por instrucciones de los presidentes de la república en turno; y lo mismo sucede en los estados de la república mexicana con las 32 filiales,  mismas que también se conforman en su totalidad por instrucciones de los 32 gobernadores(as) en turno, es obvio que un importante sector de la población como lo son las organizaciones de la sociedad civil han quedado excluidas permanentemente de estos organismos, y nunca coordinan trabajos o actividades con dichas organizaciones. Hoy que se escuchan varias voces donde se pide una situación muy compleja como lo son las reformas a la OEA, también se deberá pugnar por reformas y aplicación a la Declaración para la Defensa de los Defensores de Derechos Humanos, proclamada por el seno de Naciones Unidas el pasado mes de diciembre de 1998, que tiene como objetivo el de promover y defender la labor de las y los defensores de derechos humanos, y garantizar la protección de los que trabajan en primera línea por los derechos de todos.

 

 

C. Isidro Sánchez Piedra,

  Defensor de Derechos Humanos