Condenamos la decisión del Titular del Poder Ejecutivo Federal, al asumir una postura  irresponsable en cuanto al manoseo indiscriminado a las instituciones públicas de México; son miles de ciudadanos de todo el país, quienes han sido afectados con esta práctica, a quienes se les ha vulnerado su derecho al trabajo digno y socialmente útil. El deber del gobierno en turno conforme a los artículos 5 y 123 de la constitución es promover la creación de empleos y la organización social para el trabajo, sin embargo este hace todo lo contrario, sin tomar en cuenta la importancia de las instituciones para la estabilidad política y social de un país. “Los individuos viven y operan en un mundo de instituciones, muchas de las cuales trascienden las fronteras estatales. Nuestras oportunidades y perspectivas dependen crucialmente de las instituciones que existen y de cómo funcionan. Las instituciones no sólo contribuyen a nuestras libertades, sino que deben ser evaluadas en función de su contribución a nuestras libertades. Así lo exige el contemplar el desarrollo como libertad…»

 

Siendo así las cosas, el Instituto Nacional Electoral (INE) organismo público autónomo, que tiene como objetivo principal el de coadyuvar a lograr una democracia auténtica en México, debe considerarse intocable, principalmente porque son miles de ciudadanos(as) que dependen laboralmente de este instituto, y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) que no deben ser eliminados. Incluso en nuestro país no están dadas las condiciones para impulsar el Voto Electrónico, las y los mexicanos en su mayoría no tenemos acceso al Internet, ni contamos con una computadora, Tablet o Celular, que son los medios para emitir un voto electrónico, ni mucho menos se cuenta con personal capacitado y con experiencia que garantice un mecanismo idóneo y confiable en materia del voto electrónico. Y hablar de una reforma en cuanto al cambio de nombre y/o siglas, no tiene ni tendrá mayor impacto en la vida política y democrática de México.

 

La democracia auténtica, debe continuar siendo un sistema que promueve y permite el respeto irrestricto de los derechos y libertades de las personas, la creación de oportunidades iguales para todos, la vigencia del Estado de derecho, la formación de valores de igualdad, tolerancia y respeto.        

 

Se dice por algunos historiadores que la revolución de 1910 fue con el fin de lograr la justicia plena en todos sus rubros en este país, pero a más de cien años no hemos logrado alcanzar la estabilidad económica, laboral y social, a inicios de este sexenio empezó la demolición y la lapidación de nuestras instituciones que a lo largo de cien años mucho nos ha costado a todos los mexicanos(as), se destruyó al Seguro Popular con el argumento de que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca y hasta la fecha lo único que nos han dado es un instituto (INSABI) que no sirve; también se ordenó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), siendo este un instrumento interinstitucional que tenía por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que producían un fenómeno natural perturbador; otra institución que por orden presidencial ha desaparecido es el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) que apoyaba mediante el cumplimiento de lineamientos y requisitos a algunas organizaciones sociales de la sociedad civil e impulsaba proyectos productivos en beneficio de las familias mexicanas; los subsidios de apoyo para el campo también todos han desaparecido, hoy suben al cinco mil por ciento cada bulto de fertilizante y el gobierno argumenta que se les ayuda con el 20%, para adquirirlo, esto es una vacilada total, mientras tanto los productos de la canasta básica aumentaron un cinco mil por ciento, y como consecuencia el derecho a la alimentación de las y los mexicanos está en riesgo;   El gobierno federal para justificarse, también dice que la inflación que estamos sufriendo desde el mes de enero es a consecuencia del conflicto que vive Rusia y Ucrania, y la pregunta obligada ¿Por qué el inquilino de Palacio Nacional en una de sus tantas promesas afirmo que México sería Potencia Alimentaria?, tenemos muchas tierras de siembra, tenemos campesinos con experiencia en hacer producir la tierra de cultivo, pero de lo que se carece es de un real y autentico apoyo institucional que están obligados a dar los tres niveles de gobierno y sector privado.

 

Se dijo también a principios del presente sexenio que la solución para combatir la inseguridad pública en todo el país sería un grupo de élite autodenominado Guardia Nacional, se fueron billones de pesos en este proyecto que nunca funcionó, finalmente se optó mediante triquiñuelas legislativas adherir este cuerpo de élite a la SEDENA, y supuestamente con esta práctica ahora si se combatirá la inseguridad pública, esto, totalmente falso, usted recordará amable lector que también con el argumento de combatir el huachicol que a cuatro años todavía existe y de nada sirvió la adquisición millonaria de 600 pipas para los traslados de este combustible, y la pregunta obligada ¿Dónde quedaron y donde están las pipas? Después de que no sirvieron para lo que fueron adquiridas. A cuatro años y meses solo tenemos créditos y créditos a la palabra, otra puntada más de este gobierno, se dice que el famoso Telecom fue cambiado a Financiera, para que este organismo pueda cobrar los créditos a  la palabra, o sea que el gobierno con recursos públicos quiere convertirse en banca privada donde con nuestras propias leyes se apliquen sanciones a quienes por la pobreza ancestral entraron a cartera vencida o sea en México no se castiga el delito, se castiga la pobreza, por  lo tanto, los subsidios son necesarios, ya que los subsidios según no lo indica nuestra carta magna en el artículo 28 párrafo catorce, que a la letra dice.- Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de esta.

 C. Isidro Sánchez Piedra,  Defensor de Derechos Humanos.